Dos concejalas enjuician por violencia y acoso político a dirigentes del Control Social de Quillacollo

Cochabamba, 13 de octubre (Red País).-
Las concejalas Aydée Mamani y Juani Veizaga, presentaron denuncia formal ante la fiscalía de Quillacollo por acoso político en contra de los dirigentes del control social y otras organizaciones gremiales, que el pasado lunes exigieron su renuncia dándoles plazo de 24 horas.

En conferencia de prensa, ambas concejalas, anunciaron que iniciarán las acciones legales correspondientes en contra de todos los dirigentes que les dieron plazo de 24 horas para que presenten su renuncia, por el solo hecho de cumplir con su obligación de fiscalizar los actos del alcalde Eduardo Mérida sobre quien pesan graves denuncias de corrupción, falsificación de su libreta, organización criminal y otros ilícitos.

El pasado lunes por la mañana, dirigentes del Control Social, siguiendo instrucciones del alcalde Mérida, convocaron a un reducido cabildo abierto, donde plantearon la "inmediata renuncia de los nueve concejales" que fiscalizan los actos de la autoridad, porque dos acatan sus dictados. Advirtieron que de no hacerlo, los dirigentes sociales ingresarían en huelga de hambre y bloqueos hasta lograr su cometido.

DENUNCIA FORMAL: Ante esa decisión ilegal, dos de 11 concejales que son mujeres tomaron la decisión de presentar denuncia formal ante la fiscalía por los presuntos delitos de acoso político y violencia política que contemplan la Ley 243.

"Junto a la concejala Juani Veizaga hemos tomado la firme determinación de presentar denuncia ante la fiscalía y los medios de comunicación del departamento, del intento de vulnerar nuestros derechos a través del uso de la violencia física y verbal. Han planteado la renuncia de los nueve concejales, pero nosotras adecuándonos al artículo 7 de la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política haremos respetar nuestros derechos ya que nadie puede obligarnos hacer lo que no queremos", dijo la concejal Aydee Mamani.

Sostuvo que como concejales mujeres no presentarán renuncia alguna, por el contrario van a redoblar esfuerzos para fiscalizar las acciones del alcalde Mérida, especialmente defendiendo el patrimonio de los quillacolleños.

"Hay dirigentes del Control Social, de OTBs y de algunas organizaciones gremiales que no nos dejan fiscalizar al alcalde Mérida en cumplimiento de nuestro mandato que emergió de las urnas. El pasado lunes hemos sido víctimas de violencia política, contraviniendo la Ley 243 y en su artículo 7 inciso b, por lo que hemos recurrido a la justicia para hacer respetar nuestros derechos y sancionar a los acosadores que están debidamente identificados", agregó.

VIOLENCIA POLÍTICA: Mamani y Veizaga identificaron al presidente del Control Social, Freddy Maldonado como el principal instigador, quien junto a otros dirigentes dieron "plazo de 24 horas para que los nueve concejales renuncien, caso contrario asumirán huelgas de hambre y bloqueo".

"La Ley 243, contra el Acoso y Violencia Política hacia las mujeres, está aprobada y vigente, por lo que haremos prevalecer. Nadie nos puede impedir a realizar nuestro trabajo de fiscalización, así como nadie nos puede obligar a realizar un acto en contra de nuestra voluntad", afirmaron.

El reglamento de dicha ley fue aprobada el 11 de octubre en homenaje al Día de la Mujer Boliviana, y está en plena vigencia. La Ley Contra el Acoso Político y la Violencia Política fue aprobada como emergencia del asesinato de la concejala Juana Quispe, ocurrido el 12 de marzo de 2012, pero a la fecha no se emite sentencia contra quienes han sido señalados como los responsables de su muerte.

Actualmente ejercen funciones en el país, 1.007 concejalas, 19 concejalas y 120 asambleístas departamentales electas por voto popular.
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