Concejales y Servimaster a la Fiscalía por caso de firma de contrato ilegal de esposa del alcalde Mérida

Cochabamba, 18 de octubre (Red País).-
Sin haber recibido ni un voto en blanco menos nulo en las urnas, Jovanna Maldonado Villarroel, firmó como si fuera alcaldesa de Quillacollo, un contrato ilegal con la empresa Servimaster. Por este caso irregular, concejales y el propietario en cuestión comparecerán ante el fiscal anticorrupción que atiende la causa

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La esposa del alcalde Eduardo Mérida Balderrama, el 13 de agosto de 2015 firmó contrato para la provisión de servicios de baños portátiles para la fiesta de Urkupiña por un costo de más de 10 mil bolivianos. La firma de este ilegal documento pasó por todas las instancias del proceso de contratación con el visto bueno del alcalde Mérida y los funcionarios responsables, que también deberán responder penal, civil y administrativamente ante el Ministerio Público.

Según los abogados de la parte denunciante, hasta ahora ninguno de los servidores públicos cooperaron en el esclarecimiento de este caso, hecho que a futuro derivará en la destitución y sanción de más de una decena de servidores públicos por la comisión de los presuntos delitos de Incumplimiento de deberes, Cohecho activo, Cohecho pasivo, Omisión, Comisión y Omisión por Comisión.

NOTIFICACIONES: La mañana de este lunes tanto el Concejo Municipal de Quillacollo y la empresa Servimaster fueron notificados por la Fiscalía para que entreguen toda la prueba documental del proceso de contratación.

Por otra parte, se informó que el lesivo contrato con la firma de Jovanna Maldonado Villarroel, esposa del alcalde Mérida, fue entregado al Instituto de Investigación Forense (IDIF) para que esta instancia técnica certifique la autenticidad del documento.

Todas estas diligencias permitirán determinar la posible detención de los principales involucrados, si los peritos del IDIF, certifican que Maldonado incurrió en el delito de suplantación de funciones, ya que habría firmado sin ser funcionaria municipal.

A la luz de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, Maldonado habría incurrido en los tipos penales que se describen en el artículo 25 numeral 3: "Enriquecimiento ilícito con afectación al Estado", que describe a "la persona natural que mediante actividad privada hubiere incrementado desproporcionalmente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situación, será sancionada con la privación de libertad de tres a ocho años, multa de 100 a 300 días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente".

En su segundo acápite el artículo señala: "Incurrirán en el mismo delito y la misma pena, los representantes o exrepresentantes legales de las personas jurídicas que mediante actividad privada hubieren incrementado patrimonio de la persona jurídica, afectando el patrimonio del Estado y que no pueda demostrar que provienen de una actividad lícita; adicionalmente, la persona jurídica restituirá al Estado los bienes que le hubiesen sido afectados además de los obtenidos como producto del delito y será sancionada con una multa del 25% de su patrimonio".

INVESTIGACIÓN: Este caso en cuestión es uno de varios irregulares que involucran al alcalde Mérida y su consorte en el marco de los sonados "Mérida-coimas y audios" y que a juicio de los abogados Max Ureña y Gilmar Terrazas debería estar en manos del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas. Esta instancia interinstitucional la conforman el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Ministerio de Gobierno, Ministerio Público, Contraloría, Unidad de Investigaciones Financieras y la Procuraduría del Estado.
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