Cochabamba, 25 de octubre (Red País).-

La irresponsabilidad y dejadez del alcalde Eduardo Mérida Balderrama y su equipo de abogados, provocaron que los procesos legales de los casos Playón de Marquina y del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado sean observados y sobreseídos, ocasionando pérdidas millonarias a la Alcaldía de Quillacollo.

Los abogados Max Ureña Cadima y Gilmar Terrazas Vera denunciaron que la negligencia y desidia del alcalde Mérida, ocasionaron que el proceso legal del Playón de Marquina haya sido declarado improbado el pasado 20 de julio por un fallo del Tribunal Agroambiental, dando la razón a la familia Campos y otros. En este caso la Alcaldía de Quillacollo perdió más de 44 millones de dólares, y todo por la irresponsabilidad del alcalde Mérida que no asumió defensa legal en esa instancia.

Ambos abogados indicaron que según antecedentes legales, la titulación del Playón de Marquina a privados se la hizo en la actual gestión del alcalde Eduardo Mérida Balderrama, pero acelerados durante la gestión del exalcalde Charles Becerra Sejas, quien no hizo nada para evitar que esas tierras fiscales sean enajenadas a "clanes familiares" que se aprovecharon de la negligencia de las actuales y pasadas autoridades ediles.

"El millonario monto debe ser devuelto por los exalcaldes Charles Becerra y Danitza López, además del actual Eduardo Mérida Balderrama como la última autoridad en conocer el caso. Como siempre, la actual autoridad con argucias legales pretende lavarse la manos", señalaron.

Recordaron que de nada sirvió que el alcalde Mérida haya interpuesto una denuncia formal en contra de los exalcaldes mencionados, exdirigentes vecinales y contra autoridades del INRA de Cochabamba.

"La negligencia, abandono y desconocimiento de temas agroambientales del alcalde Mérida, llevaron a perder el proceso en el Tribunal Agroambiental que declaró improbada la demanda y por lo tanto consolida el derecho propietario a la familia Campos y otros", agregaron.

Según los antecedentes legales, y tras años de gestiones ante el INRA, y pese a existir la Ley 3795 que protegía y declaraba "Reserva ecológica y recarga acuífera" al Playón de Marquina, en julio del 2015 el presidente Evo Morales Ayma habría firmado títulos ejecutoriales en favor de la familia Campos (56 hectáreas, los piqueros Gualberto Arroyo, Adolfo Áviles y Lucio Arroyo (10 hectáreas), además de Ramón Rada propietario de "Flobolsa" (20 hectáreas). En total se perdieron 86 hectáreas, quedando 13 para el municipio como parte de la franja de seguridad del río Chocaya.

El pasado 20 de julio el Tribunal Agroambiental con sede en Sucre notificó a las partes en conflicto (Alcaldía-familia Campos y otros) con la "Sentencia Agroambiental Nacional S1ª 55/2016", declarando improbada la querella del alcalde Mérida.

"Como siempre, la soberbia de Mérida no le permite asumir con humildad sus errores, y ahora culpa a los concejales y exalcaldes de esta derrota legal en el Tribunal Agroambiental", afirmaron Terrazas y Ureña.

El fallo emitido por el Tribunal Agroambiental Nacional, argumenta que el Gobierno Municipal de Quillacollo "no pudo defender su patrimonio en el proceso de saneamiento", por lo que debe atenerse a las consecuencias de perder el Playón de Marquina donde se tenía planificado ejecutar varios proyectos de desarrollo.

PLAN MAESTRO: En el caso del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado, los abogados recordaron que la exalcaldesa Danitza López antes de dejar el cargo, inició acciones legales en contra de los exalcaldes Ricardo Mercado, Hugo Miguel Candia, Orlando Espinoza, Marcelo Galindo y Carla Lorena Pinto, para resarcir los daños económicos ocasionados por el incumplimiento de contrato.

Terrazas y Ureña afirmaron que correspondió al alcalde Mérida proseguir el juicio en contra de las exautoridades, pero nuevamente su desconocimiento y negligencia, ocasionaron el sobreseimiento del proceso por la Fiscalía por errores técnicos y jurídicos insalvables.

"Por todos los antecedentes que conocemos, la Alcaldía de Quillacollo no ha entregado el informe técnico jurídico solicitado por la Fiscalía, por cuya razón se ha sobreseído el proceso. Hasta ahora no se ha resuelto el contrato con el Consorcio Cochabamba, pues falta ejecutar algunos ítems del contrato, por lo que no se puede acusar de incumplimiento ya que sigue vigente", afirmaron.

Asimismo, revelaron que otro de los errores de Mérida fue no cuantificar ni individualizar la responsabilidad penal y el daño causado por cada alcalde procesado. "El alcalde se jacta de ser el mejor penalista del mundo, pero ahí están los resultados en contra de Quillacollo", agregaron.

Los abogados también denunciaron que el alcalde Mérida no realizó auditorías complementarias y ampliatorias que permitan a los acusados a presentar sus descargos, vulnerando normas de la Contraloría.

"El peritaje técnico que mandó elaborar el exalcalde Charles Becerra, no tiene ningún valor legal pues no fue presentado por conducto regular, por lo que la Fiscalía declaró el sobreseimiento del caso", indicaron.

Finalmente señalaron que en ambos casos, la responsabilidad es del alcalde Mérida quien no supo como abogado y autoridad defender los intereses de los quillacolleños, ocasionando pérdidas millonarias.
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