Atentó el derecho al trabajo: Periodista enjuiciará a Mérida por delitos contra la libertad de prensa

Cochabamba, 8 de diciembre (Red País).-

El alcalde Eduardo Mérida Balderrama será enjuiciado por el periodista Walter Gonzales Valdivia por el presunto delito de atentado a la libertad de prensa, ya que la autoridad para acallar las denuncias de corrupción en las que está involucrada interpuso procesos legales imaginarios, cerró su programa televisivo y hackeó el periódico digital ElTunari.com.

Las denuncias en contra de Mérida se sustentan en investigaciones periodísticas y testimonios de los propios funcionarios municipales que discrepan con su accionar autoritario, quienes confirmaron que el Alcalde negoció el cierre del programa de "Cara al pueblo" que se emitía por el Canal 23 ATV, ordenó la descalificación pública del periodista Gonzales y su hija con el colocado de panfletos ofensivos en varias calles de Quillacollo y finalmente contrato expertos hackers para destruir el periódico digital ElTunari.com.

En relación al primer hecho delictivo tipificado como atentado a la libertad de prensa, previsto y sancionado por el artículo 296 del Código Penal, exfuncionarios de la Dirección de Comunicación confirmaron que Mérida ordenó gestionar el cierre del programa de Cara al pueblo sin importar el precio. Y así ocurrió a mediados del pasado mes de mayo, negociaron el cierre y salida del periodista Gonzales, quien conducía el programa desde hace más de cinco años y gozaba de gran aceptación e influencia en la sociedad quillacolleña.

El segundo caso ocurrió en septiembre pasado cuando Mérida en un intento de silenciar al periodista Gonzales interpuso una querella en su contra ante un juzgado ordinario, desconociendo la calidad de profesional periodista con más de 25 años de trabajo en varios medios de comunicación de Cochabamba y el país. A los procesos de Mérida se sumaron los de su esposa Jovanna Maldonado, quien instruida por su conyugue interpuso dos juicios, con la clara intencionalidad de conculcar la libertad de expresión y el derecho a la información que tienen los ciudadanos.

INTOLERANCIA EDIL

"Los hechos que más le molestaban y llenaban de ira y rabia al alcalde Eduardo Mérida Balderrama, fueron y son los cuestionamientos críticos y denuncias de hechos de corrupción que se cometen en la Alcaldía de Quillacollo, y que involucran a su esposa Jovanna Maldonado y su entorno íntimo", dijo la asambleísta departamental Lizeth Beramendi, quien anunció también acciones legales en contra de Mérida.

La autoridad afirmó que por todos los testimonios con los que cuenta, un hecho que provocó una furia desmedida y odio fue la revelación de los "audios de la corrupción" que implican a Mérida, su esposa y Richard Agreda Torres, acusando de la difusión al periodista Gonzales, cuando el caso se denunció en conferencia de prensa en la Brigada Parlamentaria de Cochabamba por los concejales de Quillacollo, y que ahora son de conocimiento público y de los ministerios de Transparencia y Público.

Asimismo, afirmó que el alcalde Mérida sería el autor intelectual de la destrucción o hackeo del periódico digital ElTunari.com y la agencia de noticias RedPaís de La Paz. Por informes de funcionarios municipales a cargo de la Unidad de Informática y de la Dirección de Comunicación, se verificó que el alcalde instruyó contratar expertos para destruir las páginas web de ambos medios de comunicación.

"Para la destrucción de los dos páginas electrónicas, Mérida habría contratado dos expertos hackers, quienes cumplieron con su cometido ya que ambos medios digitales dejaron de informar por más de tres semanas", dijo.

LOS DELITOS

Para la asambleísta Beramendi, los hechos revelados prueban que el alcalde Mérida sería el autor material e intelectual de los delitos contra la libertad de prensa.

Dicho delito está contemplado en el artículo 296 del Código Penal que textualmente dice: "Será sancionado con reclusión de seis meses a tres años y multa de 30 a 200 días, el que ilegalmente impidiere o estorbare la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, así como la libre circulación de un libro, periódico o cualquier otro impreso".

Finalmente se refirió que la libertad de información, el derecho a la comunicación e información están garantizados por el artículo 106 y siguientes por la Constitución Política del Estado en su capítulo séptimo de Comunicación Social.
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