Aplicarán Ley Marcelo Quiroga: Enjuiciarán al alcalde Eduardo Mérida por delitos de nombramientos ilegales

Cochabamba, 30 de diciembre (Red País).-

Al constatarse la contratación de varios funcionarios jerárquicos en cargos que no van con su profesión y hoja de vida, el alcalde Eduardo Mérida Balderrama será enjuiciado por el delito de nombramientos ilegales, previsto y sancionado por la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz.

El dirigente vecinal, Álvaro Zamorano Huacaña, informó que está previsto un nuevo proceso en estricta aplicación de las leyes en vigencia y al comprobarse los ilícitos cometidos por el alcalde Mérida.

Según una investigación vecinal y confirmada por el Concejo Municipal de Quillacollo, los funcionarios municipales que ocupan cargos sin cumplir con los requisitos exigidos por ley gozan de la protección del alcalde Eduardo Mérida, y en algunos casos por su esposa Jovanna Maldonado Villarroel.

El caso más paradigmático sería el del actual director de Seguridad Ciudadana, Jesús Pardo, quien no tendría título profesional para justificar su cargo.

Asimismo, el secretario de Desarrollo Humano, Marco Galvez, tampoco contaría con el título adecuado para ocupar esas funciones, ya que se trata de un abogado y un exfiscal antinarcóticos. Lo propio sucedería con el jefe de la Unidad de Comunicación, Juan Carlos Choque, que tampoco presentó documento que avale su profesión.

De la misma manera, el director del Tesoro Municipal, Alex Angulo García tampoco tendría título; lo mismo acontece con el responsable de actividades económicas, Henry Vargas y con la directora de Educación, Roxana Moscoso, que no reúne requisitos profesionales para ocupar el cargo, pero es familiar de Jovanna Maldonado.

De acuerdo al dirigente vecinal Zamorano, estos casos son apenas la punta de una red de funcionarios que incumplen con las exigencias para asumir esas funciones, y que están sancionadas por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Recordó que el artículo 34 de la ley anticorrupción y 157 del Código Penal sostienen: "Será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años y multa de 30 a 100 días, la servidora o el servidor público que propusiere en terna o nombrare para cargo público a persona que no reuniere las condiciones legales para su desempeño".

CONTROL SOCIAL

La decisión de interponer la nueva querella, según Zamorano, sería en cumplimiento de la Ley de Control Social que obliga y ampara a todos los ciudadanos de Quillacollo, en especial a los dirigentes de las organizaciones territoriales de base, a fiscalizar las acciones de las autoridades, felicitar su buen proceder o denunciar los presuntos delitos de corrupción en el ejercicio de sus funciones, bajo alternativa de ser acusados de complicidad y encubrimiento.

Dijo que el artículo 9 de la Ley 004 de Control Social sostiene: "De conformidad con la Constitución Política del Estado, el Control Social será ejercido para prevenir y luchar contra la corrupción. Podrán participar del control social todos los actores sociales de manera individual o colectiva".

Asimismo señala que entre los derechos y atribuciones del Control Social figuran: a) Identificar y denunciar hechos de corrupción ante autoridades competentes; b) Identificar y denunciar la falta de transparencia ante las autoridades competentes y c) Coadyuvar en los procesos administrativos y judiciales, por hechos y delitos de corrupción.

Zamorano fundamentó la instauración de un nuevo proceso penal en contra de Eduardo Mérida por los delitos de nombramientos ilegales, en estricta aplicación de la Ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", que sanciona ese ilícito
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