Cochabamba, 27 de enero (Red País).-
La declaratoria de improcedente del Recurso de Amparo Constitucional, interpuesto por el alcalde Eduardo Mérida Balderrama en contra del Ministerio de Defensa y la jueza Teresa Apaza Paz por la presunta vulneración de sus derechos, viabiliza la prosecución de la audiencia de medidas cautelares que fue suspendida el pasado 6 de enero como un acto desesperado para impedir su encarcelamiento.

La audiencia para resolver el Recurso de Amparo, se realizó la mañana de este viernes en el Juzgado Público Civil y Comercial Nº 2 de Quillacollo a cargo de la jueza Nirsa Karen Chuquimia Raymundeau, con resultado contrario a las expectativas del alcalde Mérida, quien a la conclusión de la cita judicial salió con el rostro despavorido, porque ahora debe enfrentar una nueva audiencia donde se definirá su libertad o reclusión en el penal San Pablo.

Para la realización de la audiencia, la jueza en días precedentes conminó al alcalde Mérida notificar a todos sus querellantes (Ministerio Público, Tribunal Electoral Departamental, Ministerio de Defensa, la jueza Apaza y terceros interesados), al comprobarse un desinterés manifiesto y de obstaculización a través de chicanas jurídicas. La jueza Chuquimia le advirtió con dejar sin efecto la suspensión de la audiencia cautelar, si es que hasta el pasado miércoles 25, Mérida no citaba a todos los interesados en el proceso.

Mérida dio cumplimiento a la instrucción judicial, notificando recién el pasado 25 a todos los accionados (querellantes) en el juicio penal por la falsificación de su libreta de servicio militar y el uso de instrumento falsificado que le pone al borde de su encarcelamiento, ya que dichos delitos tienen una sanción de reclusión de seis años.

CONDUCTA MALICIOSA
El Recurso de Amparo Constitucional fue interpuesto por Mérida el 21 de diciembre de 2016, cuya audiencia no pudo llevarse a cabo en los plazos previstos por una maliciosa conducta dilatoria.

El alcalde Mérida acusó al ministro de Defensa Reymi Ferreira Justiniano la jueza 3º de Instrucción en lo Penal de Quillacollo, Teresa Apaza Paz, de vulnerar sus derechos, como el derecho a petición y al debido proceso en su elemento de legalidad.

El supuesto afectado pidió que el ministro Ferreira se manifieste en forma expresa en el término de 48 horas su petitorio de certificado especial, presentado el 11 de octubre de 2016. Asimismo, planteó llamar la atención a la jueza Apaza por no resolver en el plazo procesal, la solicitud de Control Jurisdiccional.

Según el abogado Gilmar Terrazas, ambas solicitudes fueron rechazadas dando lugar a la reinstalación de la audiencia de medidas cautelares que prevé el encarcelamiento de Mérida a pedido de los fiscales anticorrupción.

RESOLUCIÓN
De acuerdo al abogado Terrazas, la resolución de la juez Chuquimia da la razón a la jueza Apaza que "actuó correctamente dentro de los que son sus competencia en el proceso". En tanto que otorga un plazo de 48 horas para que el ministro Ferreira se pronuncie sobre la solicitud de certificado especial de libreta de servicio militar presentado el 11 de octubre de 2016.

La resolución de la jueza Karen Chuquimia Raymudeau textualmente indica: "Conceder en parte la tutela solicitada en relación al Derecho a Petición debiendo el ministro de Defensa Reymi Ferreira pronunciarse en forma expresa en el plazo de 48 horas sobre la solicitud de Certificado Especial de Libreta Militar presentado el 11 de octubre de 2016 en la Dirección General Territorial Militar de dicho Ministerio, y denegar respecto del otro derecho solicitado".

La resolución se elevó de oficio ante el Tribunal Constitucional, mientras se alista la audiencia de medidas cautelares para la próxima semana, donde se prevé la detención preventiva del alcalde Eduardo Mérida Balderrama por los delitos de falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado.

Según antecedentes judiciales en vigencia, Mérida enfrenta más de 20 juicios por presuntos delitos de incumplimiento de deberes, estafa, nombramientos ilegales enriquecimiento ilícito, uso indebido de la profesión, declaración jurada falsa, falso testimonio, injurias, calumnias, libelo infamatorio, atentado a la libertad de prensa, delitos informáticos y otros hechos de corrupción que se ventilan en fiscalías y juzgados de Quillacollo.


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