Leyes y Mérida sumaron en contra 25 denuncias

Cochabamba, 27 de febrero (OPINION).-La fotografía de un corte de cabello en la oficina, la muerte de una persona que se electrocutó en un canal y la presunta irregularidad en la presentación de una libreta de servicio militar son algunos de los temas que derivaron en procesos legales en contra del alcalde de la ciudad de Cochabamba, José María Leyes; y el de Quillacollo, Eduardo Mérida.

Entre las dos autoridades suman al menos 25 procesos, entre administrativos y penales, desde que asumieron los cargos ediles en junio de 2015.

En el eje metropolitano, son los únicos alcaldes opositores al partido de Gobierno, Movimiento Al Socialismo (MAS). Leyes es del Movimiento Demócrata Social (Demócratas) y Mérida del Frente Para la Victoria (FPV); y son quienes más procesos tienen en contra, en comparación con las autoridades de los otros municipios de la región que no tienen más de dos casos. El Alcalde de Quillacollo tiene 16 procesos y el de Cochabamba 9, en todo el eje los casos suman 29.

QUILLACOLLO 1. La imagen de Mérida sentado mientras le recortan el cabello en su propio despacho derivó en una resolución del Concejo Municipal quillacolleño que dispone el inicio de un proceso penal.

Uno de los abogados del Alcalde, Ronald Orozco, manifestó que se desconoce sobre el horario y la forma en la que se obtuvo esa imagen.

2. Orozco informó que existe una acción penal por compras menores para Alumbrado Público. En defensa del Alcalde dijo que "al parecer" hay códigos que no coinciden, pero que eso es responsabilidad de otros funcionarios.

3. Los concejales Aydé Mamani y Antonio Montaño denunciaron incumplimiento de deberes por no remitir la promulgación de una ley municipal al Servicio Estatal de Autonomías (SEA). "Tendría que haber un procedimiento establecido y no había. Se ha forzado un incumplimiento de deberes".

El abogado dijo que existe conminatoria para que la Fiscalía resuelva si rechaza el caso o imputa al Alcalde.

4. Los concejales Víctor Osinaga y Antonio Montaño iniciaron el caso de los foquitos navideños, contra Mérida y otras personas por incumplimiento de deberes. Se trata de supuestas irregularidades en compras menores.

Orozco cuestionó que se intente hacer que Mérida pague penalmente por el error de otra persona.

5. Los concejales hicieron una demanda penal por el mismo delito en otro caso, una compra para almacenes. "La Contraloría ha verificado que el material existía y que estaba en otro almacén".

6. Una exfuncionaria demandó a la autoridad municipal para ser reincorporada en su cargo. Un amparo determinó su restitución, pero un funcionario del área de Recursos Humanos no habría cumplido la disposición y, al ser el titular de la Alcaldía, Mérida fue denunciado por incumplimiento a las resoluciones emitidas en acciones de defensa.

La demandante volvió a su fuente laboral y el caso se cerró.

7. Álvaro Zamorano denunció delitos electorales. Se trata del caso de presunta falsedad material y uso de instrumento falsificado respecto a su libreta de servicio militar.

El abogado de Mérida dijo que apelaron la decisión de arraigo, la fianza de 80 mil bolivianos y la presentación de firmas los días viernes, como se dispuso el 10 de febrero.

Es el único caso con imputación en contra de la autoridad.

8. Otro caso está relacionado al suministro de insumos médicos en 2013, también en la vía penal. Los encargados de la empresa demandan el pago. El tema se encuentra en etapa preparatoria.

9. El concejal Osinaga inició un proceso penal contra el Alcalde, su esposa y una persona más por los presuntos delitos de uso indebido de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas. Existen audios grabados durante 72 horas que revelarían hechos de corrupción, como el cobro de diezmos a empresas contratistas.

"Se desconoce el origen de esos audios para hacer pericias. No podría prosperar. El Ministerio Público quiso rechazarlo, pero fue forzado a aperturarlo".

10. Osinaga también involucró a Mérida en un proceso por trata y tráfico de personas, desde hace un mes, que aún no fue admitido. Se trata de un lenocinio donde se encontró a una extranjera menor de edad. Se inició un proceso contra el dueño y, según Orozco, esto fue aprovechado por el Concejo para indagar sobre cómo se autorizó el funcionamiento del local. Las observaciones apuntan a otros funcionarios. "Pero, tratan de forzar la denuncia".

11. El uso indebido de bienes fue denunciado por el uso de un vehículo oficial. Pero, el tema ya fue rechazado.

12. La empresa Covarco, según el abogado, incumplió un contrato, de construcción de la avenida Elías Meneses, y se le ejecutó la boleta. La constructora inició un proceso por incumplimiento de deberes y de contrato. Luego hubo una negociación para el pago de lo avanzado en la obra y se habría presentado un desistimiento que el Ministerio Público aún no resuelve.

13. En el caso de la licitación del desayuno escolar, una resolución municipal da pie a un proceso por falsedad material de un acta en contra de algunos funcionarios y se habla de incumplimiento de deberes por parte del Alcalde. Pero, se planteó una reconsideración.

14. La autoridad tiene denuncias por supuestos sobreprecios en el contrato modificatorio para la construcción de la terminal de buses. El Alcalde lo desmintió exponiendo las cotizaciones.

Éste es un proceso administrativo y no penal.

15. Otro caso es el de las críticas a la obra de asfalto de la avenida Suárez Miranda, porque tendría un grosor menor a los siete centímetros. Mérida demostró, luego de una toma de muestra de la carpeta asfáltica, que aquello no ocurrió.

16. También está pendiente un proceso coactivo por el pago de mantenimiento de la cárcel de San Pablo, que data de la gestión de Charles Becerra.

COCHABAMBA 1. A mediados de diciembre de 2015, un hombre murió electrocutado en un canal de la zona norte de la ciudad, cuando intentaba rescatar a un perro que había quedado atrapado.

El secretario de Asuntos Jurídicos y Administrativos de la Alcaldía, Sergio Coca, informó que el hecho derivó en una denuncia en contra de Leyes "por homicidio", solo por ser la autoridad municipal. El proceso fue rechazado en diciembre de 2016.

2. Un funcionario del Programa de Mantenimiento Municipal (Proman) demandó al Alcalde por incumplimiento de deberes porque se le destituyó cuando tenía un hijo menor de un año.

Coca expresó confianza en que el proceso será rechazado por la Fiscalía porque el trabajador ya fue restituido y se ordenó el pago de sueldos devengados. "El posible daño que se habría generado ya está resuelto".

3. El actual presidente de la Brigada Parlamentaria, Ademar Valda, procesó a la autoridad municipal por incumplimiento de deberes, "por no ordenar el retiro de propaganda por el No (para el referendo de febrero de 2016) sino solamente del Sí, en su concepto".

La denuncia se rechazó el 30 de enero de 2017.

4. Un vecino de la zona de Alto Cochabamba, sur de la ciudad, denunció que hubo resoluciones contrarias a la ley, debido a que su inmueble aparece dentro de un plano referencial planimétrico y afectaría a su derecho propietario. El caso está en etapa de investigación. Coca aseguró que no existe afectación para el dueño. "El caso debería rechazarse".

5. La periodista Marianela Montenegro denunció que hubo uso indebido de influencias por el supuesto uso de documento membretado para una solicitud de visas a Estados Unidos para familiares de Leyes.

El Secretario de Asuntos Jurídicos aseguró que nunca vieron el documento, a más de la difusión de una fotocopia, ni firma original de Leyes.

"Es más, el Alcalde nos ordenó que una vez que aparezca un original se inicie el proceso por falsedad material o ideológica y uso de instrumento falsificado a quien corresponda". El tema está en etapa preliminar de investigación.

6. La representante de una empresa que entregó productos a la Alcaldía, en 2001 cuando Manfred Reyes Villa era alcalde, demandó el cumplimiento del pago de la última planilla. Según Coca, "el incumplimiento de deberes de ese año ha prescrito y debería ser rechazado".

7. El Ministerio Público inició de oficio un proceso por un delito medioambiental referido al manejo del canal Valverde, zona de La Maica. Está en etapa preliminar de investigación. Agregó que el exgobernador Edmundo Novillo amplió la licencia ambiental hasta 2023.

8. Hay otro caso por supuesto incumplimiento de contrato, que está en fase preliminar de investigación. Coca cuestionó que los abogados confundan "el incumplimiento de deberes con solicitud del pago de una planilla".

9. El diputado de Demócratas Víctor Gutiérrez promovió, en el distrito judicial de La Paz, una acción penal contra Leyes por ausentarse para la presentación de un informe oral ante una comisión de la Cámara de Diputados.

Coca dijo que aguardan la notificación oficial para presentar descargos. Acusó a Gutiérrez por transfugio.

Apuntes

Los cargos

Homicidio, incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes del Estado, resoluciones contrarias a la ley, uso indebido de influencias son los cargos que existen en contra de las autoridades municipales del eje metropolitano.

Abogados particulares

Tanto José María Leyes como Eduardo Mérida tienen

abogados particulares que se hicieron cargo de los procesos iniciados en su contra.

El secretario de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de Cochabamba, Sergio Coca, informó que Leyes tiene un

equipo jurídico externo al de la Alcaldía para los procesos.

Uno de los abogados de Mérida, Ronald Orozco, detalló que él y su colega Ludwing Ledezma son los defensores "netamente privados" de la autoridad quillacolleña.

Aclaró que no comparten oficinas y ambos son profesionales de confianza del Alcalde. "Hemos sido contratados de manera particular para llevar adelante estos procesos".

Autoridades del MAS tienen pocos o ningún problema
Las autoridades de otros municipios del eje metropolitano, fuera de Cochabamba y Quillacollo, son del partido político Movimiento Al Socialismo (MAS) y tienen pocos o ningún lío por procesos.

La alcaldesa de Vinto, María Patricia Arce, tuvo dos denuncias desde que inició sus funciones. Uno de los casos ya está cerrado y el otro en investigación.

El director de Asesoría Legal de la Alcaldía de Vinto, Manuel Mariscal, informó que el primer tema está referido a un supuesto tráfico de influencias. Explicó que el demandante denunció a Arce por tráfico de influencias, asegurando que utilizó su posición de Alcaldesa para entregar una certificación.

"La certificación se otorgó en la Dirección de Urbanismo y previamente se hizo una inspección. Eso fue dentro de un conflicto de derecho propietario. Cuando se sienten perdidos en la vía ordinaria, que es muy alejada a la administración municipal pretenden involucrar también a la autoridad edil".

Mariscal manifestó que la denuncia fue rechazada y la Alcaldesa no tiene más problema con este tema.

La segunda demanda, que está en fase investigativa, es por presunto daño económico al Estado e incumplimiento de deberes.

El director de Asesoría Legal dijo que un ciudadano de una Organización Territorial de Base (OTB) de Alto Mirador en Vinto hizo la denuncia, en diciembre de 2016. Esta persona tiene un conflicto por derecho propietario con otro ciudadano y cuando, en su zona, la Alcaldía hizo un trabajo de apertura de vía, presentó la demanda contra la Alcaldesa.

"Él dice que no debería haber invertido en la apertura de vías y mucho menos en la instalación de redes de energía eléctrica, que ni nos corresponde, hasta que no se tenga resuelto el derecho propietario".

El caso, que para el Director de Asesoría Legal no tiene sentido, está en etapa de investigación. "La Alcaldesa acudió a la declaración y se abstuvo en la misma (...) Ha sido planteado de forma equivocada. Seguro se va a rechazar".

En lo referido a la alcaldesa de Sipe Sipe, María Heredia, ella no tiene ningún proceso en su contra desde que está en el ejercicio edil.

El director Jurídico de esa Alcaldía, Miguel Orellana, aclaró que la autoridad no tiene ningún caso en su contra de manera personal. Sin embargo, manifestó que como municipio sigue dos amparos constitucionales.

Uno está referido a la intención de trabajadores municipales de conformar una organización sindical. La Jefatura de Trabajo dio curso a la petición y los trabajadores acudieron a la vía judicial. Pero, Orellana dijo que eso no se puede permitir en un municipio de menos de 40 mil habitantes. Hay un amparo en Sucre.

El segundo caso es sobre un tema de expropiación con una vecina que denunció que no le permiten ejecutar obras en el predio.

Los alcaldes de Tiquipaya, Juan Carlos Angulo; y de Colcapirhua, Mario Severich, tienen un proceso por el mismo caso del canal Valverde por el que es procesado el alcalde de Cochabamba, José María Leyes. La demanda se refiere a la licencia ambiental.

Sobre el particular, el secretario de Asuntos Jurídicos y Administrativos de la Alcaldía cochabambina, Sergio Coca, explicó que el documento se renovó hasta 2023.

En el caso del alcalde de Sacaba, Humberto Sánchez, el personal de Asesoría Jurídica no dio respuesta sobre el tema de procesos.

Los opositores perciben temas políticos en los casos
Los representantes legales de los alcaldes de oposición al Movimiento Al Socialismo (MAS), como el alcalde de Cochabamba, José María Leyes; y el de Quillacollo, Eduardo Mérida, perciben que lo político está detrás de varios casos en contra de estas autoridades municipales.

El secretario de Asuntos Jurídicos y Administrativos de la Alcaldía de Cochabamba, Sergio Coca, expresó como ejemplo el caso de la ausencia de José María Leyes a un informe oral sobre el desastre en la alguna Alalay, promovido por el diputado Víctor Gutiérrez.

"Yo asevero que es un tema estrictamente político, incluyendo el transfugio de Gutiérrez".

Acotó que no se actuó de la misma forma, por ejemplo, con el Gobernador de Oruro cuando se secó el lago Poopó.

Dijo que todas las convocatorias para informes orales en Cochabamba son efectuadas por el diputado suplente del MAS Ademar Valda.

"Y nunca ha citado al gobernador Iván Canelas para que informe sobre el río Rocha, porque desde 2009 tenían recursos para hacer una auditoría ambiental".

El abogado del alcalde Eduardo Mérida, Ronald Orozco, también manifestó que se evidencian los aspectos políticos porque en casos como el de la libreta de servicio militar "hay asesoramiento" de exautoridades que buscan afectar al actual Alcalde quillacolleño.

"Todos los procesos que vienen armando son las mismas personas".

Desde el punto de vista del abogado, los únicos casos que podrían no considerarse políticos son el de Covarco y el de la remisión de la norma al Servicio Estatal de Autonomías (SEA).

Coca cuestionó que en el tiempo de gestión municipal, desde mediados de 2015, las autoridades opositoras al Gobierno central tengan la cantidad de procesos que tienen en comparación con las que son oficialistas. "Hay desequilibrio y eso es un interés político".