Cochabamba, 28 de febrero (Red País).-El alcalde Eduardo Mérida Balderrama enfrenta 36 procesos judiciales; 20 antes de asumir el cargo y 16 durante su mandato. La mayoría de los juicios tienen que ver con presuntos hechos de corrupción y los otros con responsabilidades civiles, penales y administrativas, que la autoridad pretende tapar y desviar indicando que se trata de persecución y juicios políticos.

Según un informe detallado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), Mérida suma 36 procesos y no sólo 16 como sostiene su abogado Ronald Orozco faltando a la verdad y politizando los juicios, ya que maliciosamente los endilga a los concejales oficialistas.

El abogado Gilmar Terrazas Vera sostuvo que los juicios que enfrenta el alcalde Mérida son de su exclusiva responsabilidad, especialmente los más fuertes y por lo que en cualquier momento podría ser alejado de la silla edil.

Los casos de mayor importancia son dos. El primero trata el caso de la falsificación de la certificación especial de su libreta de servicio militar de redención, presuntamente extraviada, proceso que se encuentra en su fase de medidas sustitutivas a la detención al comprobarse que Mérida sí utilizó un documento falso para habilitarse como candidato a diputado en 2009 y a alcalde en 2015.

Dijo que este caso se encuentra en la fase de acusación formal, con cuya resolución la sala plena del Tribunal Electoral Departamental (TED) procederá a suspenderlo temporalmente por tratarse de un delito electoral.

El segundo caso de importancia es la denuncia por los denominados "audios de la corrupción" que involucran a su esposa Jovana Maldonado Villarroel y su "mochilero" Richard Agreda Torres en cobros irregulares a través de una "red con características mafiosas". Este hecho es investigado por los fiscales anticorrupción, quienes ya les convocaron a realizar sus declaraciones informativas el pasado 8 de febrero. Los tres se acogieron al silencio y los fiscales convocarán en breve a cerca de 20 testigos que están implicados y nombrados en los audios.

Terrazas recordó que el escándalo de los audios de la corrupción, estalló en septiembre del 2016 y fue de conocimiento público gracias a las denuncias de los concejales de Quillacollo, quienes entregaron las pruebas a los miembros de la Brigada Parlamentaria, Ministerio Público, Contraloría Departamental de Cochabamba y el exMinisterio de Transparencia.

En esa oportunidad se reveló que tanto Mérida, su esposa y Agreda formaban parte de una red que se dedicaba a cobrar diezmos a las empresas contratistas, proveedores del desayuno escolar, vehículos y ambulancias, venta de cargos a 1.000 dólares, destrucción de trámites de rivales políticos y sentimentales, loteamientos y urbanizaciones ilegales y otros presuntos hechos de corrupción que ahora son investigados.

Se trata de un CD con más de 72 horas de grabación y 900 conversaciones que giran en torno a sórdidos negocios.

MÁS DENUNCIAS

Por su parte, el presidente del Concejo Municipal de Quillacollo, Víctor Osinaga López, dijo que al margen de los 10 procesos que interpuso esa instancia por presuntos hechos de corrupción, incumplimiento de deberes y otras responsabilidades, se conoce que Mérida enfrenta 20 juicios antes de ser autoridad.

"Por todos los antecedentes que conocemos, varios exclientes del abogado Mérida se querellaron en su contra por mala praxis jurídica, estafa, cobros indebidos, estelionato y otros. Dichas denuncias se encuentran en el Ministerio de Justicia por acción de una asociación de víctimas del abogado Eduardo Mérida, por lo que descartamos cualquier interés político en desestabilizarlo", dijo.

Osinaga afirmó que la probable caída o desestabilización de Mérida será por "obra y gracia" de sus propios errores y de la gente que lo acompaña en su gestión. "Rechazamos categóricamente que haya persecución o motivaciones políticas en los juicios; lo que hay es corrupción y otros hechos ilegales que debe enfrentar como hombre", dijo.

REPERCUSIONES

Respecto de los escándalos mediáticos que involucran al alcalde Mérida, el diario Opinión de Cochabamba publicó este lunes 27 una investigación donde se refiere a una parte de los juicios.

1. La imagen de Mérida sentado mientras le recortan el cabello en su propio despacho derivó en una resolución del Concejo Municipal quillacolleño que dispone el inicio de un proceso penal.

Uno de los abogados del Alcalde, Ronald Orozco, manifestó que se desconoce sobre el horario y la forma en la que se obtuvo esa imagen.

2. Orozco informó que existe una acción penal por compras menores para Alumbrado Público. En defensa del Alcalde dijo que "al parecer" hay códigos que no coinciden, pero que eso es responsabilidad de otros funcionarios.

3. Los concejales Aydé Mamani y Antonio Montaño denunciaron incumplimiento de deberes por no remitir la promulgación de una ley municipal al Servicio Estatal de Autonomías (SEA). "Tendría que haber un procedimiento establecido y no había. Se ha forzado un incumplimiento de deberes".

El abogado dijo que existe conminatoria para que la Fiscalía resuelva si rechaza el caso o imputa al Alcalde.

4. Los concejales Víctor Osinaga y Antonio Montaño iniciaron el caso de los foquitos navideños, contra Mérida y otras personas por incumplimiento de deberes. Se trata de supuestas irregularidades en compras menores.

Orozco cuestionó que se intente hacer que Mérida pague penalmente por el error de otra persona.

5. Los concejales hicieron una demanda penal por el mismo delito en otro caso, una compra para almacenes. "La Contraloría ha verificado que el material existía y que estaba en otro almacén".

6. Una exfuncionaria demandó a la autoridad municipal para ser reincorporada en su cargo. Un amparo determinó su restitución, pero un funcionario del área de Recursos Humanos no habría cumplido la disposición y, al ser el titular de la Alcaldía, Mérida fue denunciado por incumplimiento a las resoluciones emitidas en acciones de defensa. La demandante volvió a su fuente laboral y el caso se cerró.

7. Álvaro Zamorano denunció delitos electorales. Se trata del caso de presunta falsedad material y uso de instrumento falsificado respecto a su libreta de servicio militar.

El abogado de Mérida dijo que apelaron la decisión de arraigo, la fianza de 80 mil bolivianos y la presentación de firmas los días viernes, como se dispuso el 10 de febrero.

Es el único caso con imputación en contra de la autoridad.

8. Otro caso está relacionado al suministro de insumos médicos en 2013, también en la vía penal. Los encargados de la empresa demandan el pago. El tema se encuentra en etapa preparatoria.

9. El concejal Osinaga inició un proceso penal contra el Alcalde, su esposa y una persona más por los presuntos delitos de uso indebido de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas. Existen audios grabados durante 72 horas que revelarían hechos de corrupción, como el cobro de diezmos a empresas contratistas.

"Se desconoce el origen de esos audios para hacer pericias. No podría prosperar. El Ministerio Público quiso rechazarlo, pero fue forzado a aperturarlo".

10. Osinaga también involucró a Mérida en un proceso por trata y tráfico de personas, desde hace un mes, que aún no fue admitido. Se trata de un lenocinio donde se encontró a una extranjera menor de edad. Se inició un proceso contra el dueño y, según Orozco, esto fue aprovechado por el Concejo para indagar sobre cómo se autorizó el funcionamiento del local. Las observaciones apuntan a otros funcionarios. "Pero, tratan de forzar la denuncia".

11. El uso indebido de bienes fue denunciado por el uso de un vehículo oficial. Pero, el tema ya fue rechazado.

12. La empresa Covarco, según el abogado, incumplió un contrato, de construcción de la avenida Elías Meneses, y se le ejecutó la boleta. La constructora inició un proceso por incumplimiento de deberes y de contrato. Luego hubo una negociación para el pago de lo avanzado en la obra y se habría presentado un desistimiento que el Ministerio Público aún no resuelve.

13. En el caso de la licitación del desayuno escolar, una resolución municipal da pie a un proceso por falsedad material de un acta en contra de algunos funcionarios y se habla de incumplimiento de deberes por parte del Alcalde. Pero, se planteó una reconsideración.

14. La autoridad tiene denuncias por supuestos sobreprecios en el contrato modificatorio para la construcción de la terminal de buses. El Alcalde lo desmintió exponiendo las cotizaciones. Éste es un proceso administrativo y no penal.

15. Otro caso es el de las críticas a la obra de asfalto de la avenida Suárez Miranda, porque tendría un grosor menor a los siete centímetros. Mérida demostró, luego de una toma de muestra de la carpeta asfáltica, que aquello no ocurrió.

16. También está pendiente un proceso coactivo por el pago de mantenimiento de la cárcel de San Pablo, que data de la gestión de Charles Becerra.

ABOGADOS PARTICULARES

Según Opinión tanto el alcalde José María Leyes como Eduardo Mérida tienen abogados particulares que se hicieron cargo de los procesos iniciados en su contra.

Uno de los abogados de Mérida, Ronald Orozco, detalló que él y su colega Ludwing Ledezma son los defensores "netamente privados" de la autoridad quillacolleña.

Aclaró que no comparten oficinas y ambos son profesionales de confianza del Alcalde. "Hemos sido contratados de manera particular para llevar adelante estos procesos".

El abogado del alcalde Eduardo Mérida, Ronald Orozco, también manifestó que se evidencian los aspectos políticos porque en casos como el de la libreta de servicio militar "hay asesoramiento" de exautoridades que buscan afectar al actual Alcalde quillacolleño.

"Todos los procesos que vienen armando son las mismas personas".

Desde el punto de vista del abogado, los únicos casos que podrían no considerarse políticos son el de Covarco y el de la remisión de la norma al Servicio Estatal de Autonomías (SEA).

La totalidad de concejales dudan que Mérida pague a sus abogados "privados" con sus propios recursos, por lo que investigarán si lo hace con dineros municipales, ya que habría denuncias en ese sentido.
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