Primera misión de Alanoca

Cochabamba, 18 de abril (opinión).-
Lo hemos repetido varias veces en estas páginas. Extraña es esta denominada "revolución democrática y cultural" que no promueve el trabajo de artistas, creadores y gestores. El Gobierno del presidente Evo Morales ha emulado en su administración muchas de las buenas medidas sociales de países de similar ideología; aunque no en el ámbito cultural.

Han pasado 11 años y Bolivia no cuenta por ejemplo con una nueva Ley del Cine ni con una norma sobre patrimonio ni con alguna otra que beneficie a los artistas. No hay festivales públicos de gran alcance y, pese a que fue excelente la iniciativa de la Ley del Libro, que con acierto exime de tributos a las editoriales, no se han rebajado sustancialmente los precios de los libros y brillan por su ausencia los planes de incentivo a la lectura.

Han sido, sí, potenciados algunos alicientes, como el Premio Nacional de Novela, el de Culturas y el Gunnar Mendoza. Y ha sido también atinada hace un lustro la creación de los Premios Abaroa. Son sin embargo los únicos que otorga el Estado central. Y, si se suma sus montos y se compara el total con los de otras latitudes, los galardones resultan exiguos y de poca transcendencia, al igual que si se ve su porcentaje en el mismo Presupuesto General de la Nación (está muy lejos del 1 por ciento), aun incluyendo las —escasas, tal vez ni cinco— obras de infraestructura para el sector.

A más de lo anterior, si bien el Ejecutivo creó el Ministerio de Culturas (antes solo Viceministerio), con alguna excepción de buen hacer como la del exministro Pablo Groux, esta cartera parece haber sido constituida más para satisfacer apetitos partidarios (recordemos como muestra la inadvertida gestión de la excandidata masista a la Alcaldía de La Paz Elizabeth Salguero), que para una verdadera promoción de las artes y expresiones de los pueblos.

Y esto último tampoco aparenta haber cambiado en lo reciente. Sin trayectoria ni experiencia reconocible en el área, en enero fue posesionada la ministra Wilma Alanoca. Lo primero que se conoció de sus funciones fueron despidos masivos y contratación de militantes oficialistas, la demora en la entrega de reconocimientos ya otorgados en 2016 y la convocatoria a una "cumbre" del sector, pese a las ya realizadas por iniciativas ciudadanas como las de la red Telartes, cuyo fruto fueron incluso proyectos de ley ampliamente consensuados.

Han pasado los meses y no obstante lo anterior, Alanoca sigue para nosotros teniendo en el beneficio de la duda. En ese sentido, será fundamental la respuesta que dé ahora para revertir —o no— la aplicación de una normativa de gobiernos pasados, que establece la facturación y pago de impuestos por parte de músicos y artistas escénicos. Y es que, en un país con tan pocos incentivos para la cultura, en una sociedad en la que cada cierto tiempo se conoce que creadores fallecen en el olvido y la extrema pobreza, lo mínimo que puede hacer un Estado es fomentar el arte, así sea con la exención del pago de tributos.

Con justa razón y desde hace varias semanas, compositores, intérpretes, teatristas y bailarines de todo el país se declararon en emergencia y anunciaron medidas de presión, tras que el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, señaló que los músicos, cantantes y DJ, entre otros, que presten servicios privados en matrimonios, fiestas y pubs deben emitir factura para cumplir con la Ley de Reforma Tributaria 843 (Gobierno de Paz Estenssoro de 1986), informó Página Siete.

Por su lado, el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, reiteró ayer que todos los artistas que presten servicio por contrato, sean nacionales o extranjeros, deben pagar impuestos. Y, sin dar más detalles, dijo que este principio no se aplica a las actuaciones "por motivos culturales". Cabría acá preguntarle por ejemplo a Arce cuándo es que un artista no se presenta por tales motivos.

En fin, lo cierto es que de cuánto pueda persuadir Alanoca a su colega de la importancia de las artes y la cultura para el país dependerá una primera evaluación de su gestión. Más importante que eso, dependerá también que hacer arte en Bolivia no sea —si se puede— todavía más ingrato, casi una locura.