Cochabamba, 17 de mayo (Red País).- El abogado José Lora Rioja confirmó que el proceso penal que se instauró a Mérida y que está en su fase final, no cuestiona la existencia o legalidad de la libreta de redención, sino el uso de una certificación especial falsificada en la localidad de Vinto para salvar su candidatura municipal.

Dijo que aparentemente, al no hacer su servicio militar obligatorio, se vio obligado a tramitar una libreta de excepción o redención en 1997. Ese trámite y libreta existe, pero supuestamente se extravío por lo que recurrió a falsificar una certificación especial, agregó.

"Mérida tiene libreta militar de redención, pero eso no está en discusión como maliciosamente quiere confundir el alcalde Mérida a la población, sino la falsificación o uso de instrumento falsificado", dijo.

Sostuvo que los principales datos de la certificación especial no coinciden con la libreta de redención. "No coinciden para nada; además al tratarse de documentos o instrumentos públicos, estos certificados con codificación especial son asignados únicamente por el Ministerio de Defensa Nacional con sede en La Paz para garantizar los elementos de seguridad", afirmó.

VÍA ADMINISTRATIVA

Según Lora al margen de la determinación penal, se aplicó la vía administrativa y propiamente electoral. El Tribunal Electoral Departamental (TED) ante la evidencia del uso de instrumento falsificado, puede disponer la suspensión del ahora alcalde Eduardo Mérida Balderrama, ya que ejerce el cargo ilegal e ilegítimamente, además de haber faltado a la fe pública para con la sociedad y con los demás candidatos.

Precisó que el TED tiene facultades para suspenderlo o destituirlo del cargo, previa acusación formal por parte de los fiscales anticorrupción que atienden el caso.

"Recientemente, los fiscales anticorrupción dictaron la acusación formal contra Mérida e irá juicio oral con el pedido expreso de su detención preventiva. Por todo ello y en cumplimiento de la Ley de Régimen Electoral, los vocales del TED deben suspenderlo del cargo en apego al artículo 239 parágrafo II de dicha norma que sostiene: Si la persona denunciada fuera funcionaria pública, se dispondrá la suspensión temporal de sus funciones al momento de la acusación formal del Ministerio Público".

Mérida para evitar su suspensión temporal del cargo y su probable encarcelamiento, recurre e la mentira, demagogia y show mediático por redes televisivas leales a su gestión.

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