El encarcelamiento de Mérida por Laudo Arbitral está vigente

Cochabamba, 20 de julio (Red País).-

La orden de apremio del alcalde Eduardo Mérida Balderrama por incumplir un Laudo Arbitral ejecutoriado está en plena vigencia, por lo que los trabajadores municipales de Quillacollo se aprestan a ejecutar el mandamiento de la juez Martha Coca.

El secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Quillacollo, Eduardo Peredo, informó que el incidente planteado por el alcalde Mérida para parar la orden de su encarcelamiento vencerá en las próximas horas.

"Vamos a insistir en el cumplimiento del Laudo Arbitral por tratarse de un derecho adquirido con efectos de cosa juzgada. Dicha conquista laboral prevé el pago del bono de incentivo funcional, la inamovilidad funcionaria, el respeto al fuero sindical, al trabajo de mujeres embarazadas y padres progenitores, además de la dotación de ropa de trabajo dos veces al año, que violentó el alcalde Mérida destituyendo a más de 60 trabajadores y funcionarios sindicalizados y con antigüedad", dijo.

Peredo lamentó que el alcalde Mérida lejos de buscar el diálogo se dé a la terea de mentir, ofender y desinformar a la población, señalando que le estarían obligando a "robar para pagar a sólo 50 trabajadores masistas". Le hemos encarado que todo eso es mentira y que tenía como objetivo desvirtuar y descalificar el movimiento social de los trabajadores municipales, que lo único que buscaban era el cumplimiento de las conquistas laborales, agregó.

"En un debate por los medios de comunicación y ante la contundencia de nuestros argumentos, el Alcalde sólo atinó a repetir que las leyes, la Contraloría y una sentencia constitucional le prohibían pagar el incentivo funcional porque si lo hacía iría a la cárcel, cuando ninguna de esas instancias se refirió al tema de fondo. Mérida fiel a su carácter recurre a la mentira, exageración y politización del caso cuando se trata de un tema estrictamente laboral y de cumplimiento obligatorio, caso contrario será encarcelado por una orden judicial que está vigente pese a los incidentes presentados para dilatar el proceso, agregó.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Por otra parte, Peredo se refirió a una decisión del Juzgado Civil Comercial Nº 6 de Quillacollo de elevar a conocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional si el rechazo a la Acción de Amparo del 14 de julio fue legal o ilegal, indicando que eso no toca el fondo de la sentencia laboral de pagar el incentivo funcional y el encarcelamiento de Mérida en caso de negativa.

Ante las distorsiones de Mérida, recordó que el Laudo Arbitral es un proceso que se remonta al 29 de febrero de 2012 en el que el los trabajadores municipales ganaron el Laudo que obliga el pago de un bono y otras conquistas sociales.
Asimismo, aclaró que al rechazar la Acción de Amparo de Mérida no se afectó la legalidad o ilegalidad del Laudo Arbitral ni levantó la orden de apremio.
Lo único que se habría dicho es "que un amparo no es la vía para influir sobre otro amparo", por lo que según procedimientos el caso fue remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional con sede en Sucre. Será esa instancia la que determine si la jueza Mercedes Huanca procedió de forma correcta o no al rechazar el recurso de Mérida.
Peredo también afirmó que la improcedencia del Amparo, el pasado 14 de julio, ratificó la orden de apremio en contra de Mérida por incumplimiento de la sentencia laboral.
Asimismo, el dirigente municipal se refirió al plazo de 48 horas que el cabildo abierto del pasado lunes dio a la juez Mercedes Huanca para que revoque el mandamiento de apremio, indicando que no tiene ninguna fuerza legal, por tratarse de una protesta social.

"Sólo el Tribunal Constitucional avala o condena las determinaciones de los juzgados, y no así un cabildo abierto, por lo que insistiremos en la detención en la cárcel pública del alcalde Mérida por incumplir una sentencia de 2012", finalizó.
El proceso para el pago del incentivo funcional data de hace dos gestiones. En principio, la exalcaldesa Carla Lorena Pinto evitó pagar porque interpuso un amparo. Luego se planteó un segundo proceso al exalcalde Charles Becerra, pero la Alcaldía no asumió defensa, por lo que se consumó el Laudo Arbitral obligando a Mérida a pagar el bono.