Contraloría dice que bono funcional se puede pagar cumpliendo la ley

Cochabamba, 20 de julio (Red País).-

El gerente de la Contraloría Departamental de Cochabamba, David Barriga, desvirtúo las afirmaciones del alcalde Eduardo Mérida, indicando que el bono de incentivo funcional se puede pagar cumpliendo requisitos que señala la ley.

"La Contraloría no ha dicho que el Laudo Arbitral es legal o ilegal. Lo que se dice es que el pago del incentivo funcional debe regirse a los alcances de la Ley 2028 de Municipalidades y el Estatuto del Funcionario Público", dijo.
Asimismo, afirmó que jamás se le dijo al Alcalde que vulnere la norma, sino que puede pagar según la norma y a quien le corresponde, pero aclaró que no tiene carácter retroactivo.


Barriga admitió a varios medios de comunicación que la Contraloría realizó auditorías a los pagos efectuados en 2004, 2005 y 2006 donde se evidenció observaciones respecto al fundamento legal del pago. Si actualmente el Laudo se diera en las mismas condiciones que entonces, podría declararse ilegal, pero no es el caso, agregó.
REQUISITOS
Según las normas vigentes, los requisitos para el pago del incentivo funcional están previstos en el artículo 37 de la Ley del Funcionario Público y en el artículo 70 de la Ley Municipalidades 2028. Sin embargo, el director jurídico de la Alcaldía de Quillacollo, Hubert Parra, dijo que ninguno de los funcionarios es de carrera, por lo tanto amparados en esos artículos, no correspondería el pago del bono. Afirmó que el Laudo sólo dice: "Páguese a todos".
Tanto el Estatuto del Funcionario Público y la Ley 2028 de Municipalidades prevén el pago del Incentivo Funcional, pero el mismo debe otorgarse bajo los requisitos que establecen las normas. Que dicen: primero que exista carrera, segundo tiene que haber evaluación de desempeño, que reflejen indicadores de excelencia, idoneidad, capacidad, motivación y eficiencia. Las modalidades y condiciones relativas al tratamiento de incentivos serán reguladas por las normas básicas del Sistema de Administración de Personal y disposiciones reglamentarias específicas.
DESMENTIDO
Las normas señaladas echan por la borda los argumentos del alcalde Mérida que afirmó insistentemente que el pago del incentivo afectaría a la economía de Quillacollo, y que la verdadera intención sería sacarle de la Alcaldía a través de un "golpe municipal".
Ante tales aseveraciones, el presidente del Concejo Municipal, Víctor Osinaga, refutó al Alcalde señalando que ve fantasmas por lo que debería buscar el diálogo, como lo hicieron las anteriores autoridades ediles, ya que como Concejo no aprobarán ningún reformulado que reste recursos a obras previstas en el POA 2016.
"El alcalde Mérida le ha mentido a los quillacolleños señalando que estarían en riesgo obras en salud, educación y demás, lo cual es totalmente falso. El Concejo Municipal no aprobará ningún reformulado que ponga en riesgo los proyectos, ya que la norma no permite utilizar recursos de inversión en funcionamiento", agregó.
Finalmente, el representante del Consejo de la Magistratura Silvano Arancibia dijo que esa instancia no tiene atribuciones en el amparo, ni la orden de apremio, por tratarse de decisiones jurisdiccionales.
"El caso del rechazo al amparo se fue a Sucre para revisión, hasta que el mismo vuelva no podemos acusar de prevaricato contra la juez ni realizar otras afirmaciones", finalizó.