Recurre a la chicana judicial: Eduardo Mérida en la disyuntiva: de pagar o ser encarcelado

Cochabamba, 25 de julio (Red País).-
El alcalde Eduardo Mérida Balderrama enfrenta la disyuntiva de pagar el bono de incentivo funcional o ser encarcelado por orden de la juez laboral Martha Coca, por incumplir los alcances de un Laudo Arbitral ejecutoriado y con efectos de cosa juzgada.

La pasada semana para eludir su encarcelamiento, Mérida y sus abogados presentaron incidentes que luego derivaron en las excusas de dos jueces, quienes se rehusaron de conocer el caso argumentando "amistad cercana con la autoridad".

Sin embargo de estos recursos dilatorios, el mandamiento de apremio de Mérida está latente y vigente, pese a que la juez Mercedes Huanca rechazó la Acción de Amparo de Mérida que no afectó para nada la orden de su encarcelamiento en el penal San Pablo de Quillacollo hasta que cumpla el Laudo Arbitral ejecutoriado en 2012.

El abogado de los trabajadores municipales, Max Ureña, informó que el alcalde Eduardo Mérida enfrenta la disyuntiva: pagar el incentivo funcional o ser encarcelado, extrema medida que será ejecutada la próxima semana. Hasta que el caso sea asumido por un nuevo juez, el apremio y el pago del incentivo funcional están en suspenso.

"Las leyes no se discuten porque son de cumplimiento obligatorio de todo ciudadano boliviano, mucho más de una autoridad municipal. Por eso es que los trabajadores se han armado de paciencia hasta que se agoten todos los recursos chicaneros del Alcalde, y luego se pueda ejecutar su encarcelamiento porque se advierte que no tiene el menor interés de cumplir con la sentencia del Laudo Arbitral", dijo.

OBTACULIZACIÓN: Por otra parte, Ureña anunció que denunciarán ante la autoridad competente el uso de recursos dilatorios que obstaculizan el curso normal del Laudo Arbitral.

Recordó que el Capítulo Quinto del Código Procesal Civil de los Deberes y Responsabilidades de las partes, en sus incisos 2, 3 y 4 sostienen:

2) Abstenerse de usar expresiones agraviantes, difamatorias o temerarias en el ejercicio de sus derechos. Mérida acusó a la juez Mercedes Huanca de prevaricato y de actuar políticamente.

3) Guardar respeto y decoro a la autoridad judicial y a las partes, abogados y servidores auxiliares de justicia. El Alcalde continúa con sus insultos por los medios de comunicación tanto a abogados y jueces tildándoles de "comprados".

4) Acatar las órdenes de la autoridad judicial durante el desarrollo del proceso y concurrir a las audiencias y otras actuaciones judiciales. Mérida desacata la sentencia laboral y pone en duda la idoneidad de los jueces con descalificaciones públicas.

"Vamos a presentar queja formal a las instancias competentes para que frenen las chicanas jurídicas del alcalde Mérida y sus abogados que sólo dilatan la orden de apremio", finalizó.