Cochabamba, 25 de julio (Red País).-
El alcalde Eduardo Mérida recurre a una campaña mediática millonaria sin precedentes en la historia municipal de Quillacollo, para tapar y esquivar varias denuncias de hechos de corrupción comprobados que implican a su esposa, suegros y entorno íntimo, especialmente para evitar el pago del incentivo funcional que forma parte del Laudo Arbitral ejecutoriado a favor de los trabajadores.

Según el abogado de los trabajadores y funcionarios municipales de Quillacollo, Max Ureña, el alcalde Mérida apela a los medios de comunicación locales y departamentales para confundir a la población con falsos argumentos y evitar el cumplimiento del Laudo Arbitral, cuando conoce como abogado que ya no existe otra salida legal que pagar el incentivo funcional. El Laudo Arbitral está ejecutoriado y con efectos de cosa juzgada y por tanto de cumplimiento obligatorio.

"Lejos de cumplir con las determinaciones judiciales y como hombre de derecho, Mérida en todo este tiempo se dio a la tarea de desinformar, incitar a la población a la violencia y gastar dineros municipales en propaganda y promoción de su imagen como si estuviera en campaña proselitista. Para ello se victimiza y politiza un tema estrictamente legal que garantiza los derechos laborales de los trabajadores", dijo.

INDOLENCIA: Ureña sostuvo que lo que más sorprende es la frialdad, indolencia e insensibilidad con que trata y se refiere Mérida al pago del incentivo funcional y al cumplimiento del Laudo Arbitral, que incluye el respeto al fuero sindical, los derechos de las mujeres embarazadas y padres progenitores, además de la dotación de ropa de trabajo dos veces al año a todos los trabajadores municipales.

"Se advierte que Mérida actúa con odio desmedido en contra de dirigentes y trabajadores municipales, que sólo exigen el cumplimiento del Laudo Arbitral que es una conquista ganada que no puede extinguirse por su capricho. Cansados de tanta chicana jurídica vamos a interponer un recurso para evitar acciones dilatorias y se concrete el mandamiento de apremio en la cárcel San Pablo por incumplir el laudo ganado por los trabajadores en un largo proceso laboral", dijo.

El abogado de los trabajadores recordó y reafirmó que ya no existe ningún otro incidente que impida el pago del incentivo funcional, por lo que Mérida debe atenerse a las consecuencias de sus actos ilegales.