Cochabamba, 15 de julio (Red País).- Tal como estaba anunciado y planificado con anterioridad, el alcalde Eduardo Mérida Balderrama puso en práctica su plan para "cazar" a dirigentes y funcionarios municipales incómodos y contestarios a su gestión, en represalia por los juicios de corrupción que enfrenta y que podrían alejarlo de la silla edil.

Tras levantar su ficticia huelga de hambre y beneficiarse de medidas sustitutivas a su encarcelamiento, el alcalde Mérida juró a sus hombres de confianza, vengarse de los dirigentes municipales que le pusieron en la silla de los acusados y de aquellos que lo "traicionaron y no participaron de las movilizaciones a su favor".

En una reunión en el despacho municipal, Mérida junto a su entorno conformado por los funcionarios Marco Galvez, Abat Sevilla, Alex Angulo, Rodolfo Medrano y otros, elaboraron una lista de "indeseables para su gestión".

"LISTA NEGRA"

En la "lista negra" figuran: el jefe de personal del hospital de Quillacollo, Ossman Ponce, el cajero municipal Alex Pereira, el responsable de Desarrollo Productivo, Milton Copa, la directora de Igualdad de Oportunidades, Arecelly Mamani y los cinco dirigentes municipales que denunciaron abusos y despidos ilegales, que luego derivó en un juicio por daño económico, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Por ese caso Mérida estuvo a punto de ser sentenciado a cárcel, beneficiándose con argucias con medidas sustitutivas: detención domiciliaria, arraigo y fianza de 80 mil bolivianos, firma de libro todos los lunes y prohibición de acercarse a los testigos y denunciantes.

"AUTOROBO" Y VENGANZA

Para vengarse de los dirigentes municipales que denunciaron los abusos señalados, Mérida siguiendo su siniestro plan, y forzando viajes de promoción de la fiesta de Urkupiña, activó un autorobo en la Caja del Tesoro Municipal de donde supuestamente desconocidos se llevaron alrededor de 100 mil bolivianos.

Se trataría de un caso típico de persecución política, pues se pretende culpar del autorobo, al responsable de la Caja y dirigente municipal, Alexander Pereira, a quien se remitió ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para su investigación.

Pereira es uno de los cinco dirigentes, con fuero sindical, despedido en 2016 por el alcalde Eduardo Mérida, que retornó a su fuente de trabajo tras ganar un recurso de Amparo Constitucional y fallo laboral. Forma parte de la lista de dirigentes que interpusieron juicio por los delitos de daño económico, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes que casi le lleva a la cárcel a Mérida.

"Se trata de una venganza del alcalde Mérida y su entorno, cumpliendo así su juramento de desquitarse de todos aquellos que fiscalizan su gestión plagada de hechos de corrupción, que incluso, implican a su esposa Jovanna Maldonado Villarroel", afirmó el abogado Ademir Muñoz, quien advirtió de nuevos casos de persecución política contra funcionarios, dirigentes municipales y periodistas.

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