Por negligencia del alcalde: Quillacollo pierde $us 44 millones por tierras del Playón de Marquina

Cochabamba, 2 de agosto (Red País).-

La Alcaldía de Quillacollo perdió más de 44 millones de dólares por los 540.000 metros cuadrados de superficie del Playón de Marquina, titulados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a la familia Campos y otros, y consolidados por el fallo del Tribunal Agroambiental que declaró improbada el pasado 20 de julio la querella del alcalde Eduardo Mérida Balderrama.

Según antecedentes legales, la titulación a privados se la hizo en la actual gestión del alcalde Eduardo Mérida Balderrama, pero acelerados durante la gestión del exalcalde Charles Becerra Sejas, quien no hizo nada para evitar que esas tierras fiscales sean enajenadas a "clanes familiares" que se aprovecharon de la negligencia de las actuales y pasadas autoridades ediles.

De acuerdo a la asambleísta Lizeth Beramendi, ese millonario monto debe ser devuelto por los exalcaldes Charles Becerra y Danitza López, además del actual Eduardo Mérida Balderrama como la última autoridad en conocer el caso.

Dijo que de nada sirvió que el alcalde Mérida haya interpuesto una denuncia formal en contra de los exalcaldes mencionados, exdirigentes vecinales y contra autoridades del INRA de Cochabamba.

Beramendi sostuvo que la negligencia, abandono y desconocimiento de temas agroambientales del alcalde Mérida, llevaron a perder el proceso en el Tribunal Agroambiental que declaró improbada la demanda y por lo tanto consolida el derecho propietario a la familia Campos y otros.

Por su parte, el director jurídico de la Alcaldía de Quillacollo, en julio de 2015, afirmó que el daño estimado por la enajenación de los terrenos del Playón Marquina, supera los 44 millones de dólares, los mismos que deben ser devueltos por Becerra y López, quienes no hicieron nada por defender ese patrimonio fiscal cometiendo los presuntos delitos de Daño económico al Estado e Incumplimiento de Deberes.

ANTECEDENTES: Según los antecedentes, y tras años de gestiones ante el INRA, y pese a existir la Ley 3795 que protegía y declaraba "Reserva ecológica y recarga acuífera" al Playón de Marquina, en julio del 2015 el presidente Evo Morales Ayma habría firmado títulos ejecutoriales en favor de la familia Campos (56 hectáreas, los piqueros Gualberto Arroyo, Adolfo Áviles y Lucio Arroyo (10 hectáreas), además de Ramón Rada propietario de "Flobolsa" (20 hectáreas). En total se perdieron 86 hectáreas, quedando 13 para el municipio como parte de la franja de seguridad del río Chocaya.

Ante esa nueva situación legal que pone en riesgo los pulmones naturales, recargas acuíferas y la seguridad de los ríos, el alcalde Eduardo Mérida Balderrama interpuso un recurso de "nulidad del título ejecutorial ante el Tribunal Nacional Agroambiental", que fue declarada improbada, consolidándose el derecho propietario a los interesados en detrimento de Quillacollo.

LA SENTENCIA: El pasado 20 de julio el Tribunal Agroambiental con sede en Sucre notificó a las partes en conflicto (Alcaldía-familia Campos y otros) con la "Sentencia Agroambiental Nacional S1ª 55/2016".

Dicha sentencia se refiere a una querella contenciosa administrativa del Gobierno Municipal de Quillacollo representado por el alcalde Eduardo Mérida Balderrama en contra del Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y terceros interesados. El proceso buscaba reivindicar para el municipio más de 90 hectáreas del denominado Playón de Marquina que se encontraba en manos de la familia Campos.

La Alcaldía de Quillacollo impugnó la Resolución Administrativa RA-SS Nº 1025/15 del 1 de junio de 2015, dirigiendo la acción legal en contra del Director Nacional del INRA, que en 2006 inició el saneamiento correspondiente del predio "El Encanto".

Tras una serie de impugnaciones por parte de la familia Campos, el INRA adjudica el predio El Encanto a María Antonieta, Rossmery, Orlando, José Ernesto, Mario Jesús, Eduardo, Bladimir, Jorge Jonny y Celso Campos Pinto, además de Tito Bruno Álvarez y Jorge Victoriano Campos Jiménez con una superficie de 54.666 hectáreas.

El fallo textualmente indica: "La Sala Primera del Tribunal Agroambiental, administrando justicia en única instancia, en virtud de la jurisdicción y competencia que le otorga el artículo 189-3 de la Constitución, falla declarando improbada la demanda contencioso administrativa de fojas 31 a 43, subsanada por memorial de fojas 97 de obrados, interpuesta por el Gobierno Municipal de Quillacollo, representado por el alcalde Eduardo Mérida Balderrama, quien a su vez es representado en el presente proceso por Carlos Alejandro Saavedra Barrios; en consecuencia, se mantiene subsistente la Resolución Administrativa RA-SS Nº 1025/2015 de 1 de junio de 2015".

La sentencia lleva las firmas de los magistrados Juan Ricardo Soto Butrón y Paty Paucara Paco y la rúbrica disidente de la magistrada Cinthia Armijo Paz.